El presidente de EE.UU., Donald Trump, evalúa sustituir su polémico veto migratorio a seis países de mayoría musulmana, que expira este domingo, con restricciones mas específicas y personalizadas basadas, sobre todo, en la cantidad de información que las naciones comparten con Estados Unidos.

Funcionarios del Gobierno explicaron hoy durante una conferencia de prensa telefónica algunos de los detalles de la medida que Trump proclamará en los próximos días, aunque rechazaron indicar cuántos países y cuáles serán objeto de las nuevas restricciones.

El diario The Wall Street Journal (WSJ), que cita a fuentes familiarizadas con el proceso, asegura que "un número ligeramente mayor" de países se verá afectado por la nueva iniciativa y los llega a cifrar en "ocho o nueve", algo que se ha negado a confirmar el Departamento de Seguridad Nacional.

Según indicaron los funcionarios durante la llamada con la prensa, el Departamento de Seguridad Nacional envió la semana pasada a la Casa Blanca un informe con recomendaciones y el próximo paso será que Trump establezca la nueva política mediante una proclamación presidencial.

Esa proclamación podría llegar este mismo fin de semana, pues el domingo se cumple la prohibición de 90 días que Trump impuso a los nacionales de algunos países musulmanes.

El Tribunal Supremo de EE.UU. permitió el 26 de junio la entrada en vigor, de manera parcial, del veto de Trump, emitido en marzo y que impide durante 120 días el ingreso a territorio estadounidense de refugiados y, durante 90 días, el de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Para decidir quiénes son objeto de las nuevas restricciones, el Gobierno ha evaluado la información sobre terrorismo y asuntos criminales que las naciones en cuestión comparten con Estados Unidos, así como los dispositivos de seguridad de los aeropuertos de esos países.

También está evaluando Estados Unidos los criterios que los otros países han establecido para hacer sus pasaportes y comprobar que no pueden ser falsificados.

"Necesitamos saber quién está viniendo a nuestro país", consideró Miles Taylor, uno de los asesores de la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke.

"Deberíamos ser capaces de validar su identidad y deberíamos poder confirmar que nuestros socios extranjeros no tienen información que sugiera que tales individuos pueden representar una amenaza para los Estados Unidos", añadió Taylor.

EE.UU. estuvo negociando con algunas de las naciones afectadas hasta el 15 de septiembre, momento en el que el Departamento de Seguridad Nacional entregó su informe a la Casa Blanca.

Durante ese tiempo de negociación, algunos países dieron información suficiente o hicieron los cambios oportunos para salir de la lista de países con insuficientes medidas de seguridad.

"Había de hecho una cantidad mucho mayor de países", señaló Taylor, quien indicó que la lista se fue reduciendo progresivamente, aunque se negó a dar la cifra de países que estarán sujetos a las nuevas restricciones.

El presidente proclamó una primera versión del veto migratorio el 27 de enero, pero tuvo que firmar otra orden ejecutiva en marzo para sustituirlo y restringirlo ante los continuos reveses judiciales.

El segundo decreto también sufrió varios golpes en las cortes de EE.UU. y, aunque el Tribunal Supremo permitió su entrada en vigor, su legalidad será estudiada a fondo en una audiencia el 10 de octubre.

Será, por tanto, el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre la legalidad del veto de Trump.

EFE